EL MG.ORLANDO SALINAS LÓPEZ OPINA ACERCA DE LOS RASGOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:
1. Concepción y Contenido
Concepción
La Formación Profesional (FP) es un proceso permanente de adquisición
de competencias profesionales orientado a un mejor desempeño de la
persona en el trabajo, mejorando la empleabilidad, la construcción de la
ciudadanía y el desarrollo personal y social.
La FP es un proceso articulado entre sus diversos ámbitos, tipos, niveles,
modalidades y formas de gestión (pública y privada). Es de carácter
polivalente y flexible, basada en una estrategia de demanda y adaptable a
los dinámicos cambios socioeconómicos y tecnológicos pero así mismo,
creativa en sus actividades.
La Formación Profesional se concibe como un sistema articulado entre los
distintos actores sociales involucrados, donde el Estado tiene un rol
promotor, normativo, regulador y concertador. El nuevo rol del Estado
sostiene la importancia del desarrollo gradual de un mercado regulado de
servicios de formación profesional y capacitación laboral
En este sentido, es responsabilidad del Estado establecer un marco
regulatorio y promover acciones para direccionar y validar el mercado de
servicios de formación profesional y capacitación laboral. Y, en los ámbitos
donde no alcancen los esfuerzos de la inversión privada, atender a grupos
en desventaja, ejerciendo su subsidiariedad o complementariedad.
El marco regulatorio que le compete al Estado tiene la finalidad de:
• Acercar la oferta relevante y de calidad, en todas las regiones del
país y para los diversos públicos, cualquiera sea la institución que
oferta el servicio, sin perder de vista el concepto de flexibilidad y
reconocimiento de la diversidad; a las necesidades del mercado.
• Promover la empleabilidad, competitividad y productividad.
• Brindar atención en forma focalizada a los segmentos de la
población con exclusión social.
• Contribuir a reducir la inadecuación ocupacional
Se necesita, por tanto, establecer gradualmente estrategias integradoras
(articuladoras) en lo que respecta a las políticas de empleo y de formación
profesional, que trasciendan un período gubernamental; así como a los
sectores educación y trabajo. En este orden de ideas, el Estado establece,
de manera concertada, competencias y roles definidos para los diversos
sectores, actores sociales y agentes involucrados, propone la creación de
instancias multisectoriales y de participación tripartita, y redimensiona el
Sistema de los Servicios de Formación Profesional.
Contenido
El nuevo modelo de Formación Profesional propone una formación basada
en competencias laborales que va más allá de los puestos de trabajo
específicos.
En este tipo de formación los requerimientos de calificación son definidos
por el sector productivo (Normas de Competencia Laboral), garantizando la
adaptabilidad de las personas en el mundo del trabajo y facilitando una
mayor movilidad. Este enfoque expresa una nueva cultura laboral, donde
trabajadores, directivos de empresas, formadores y participantes/alumnos,
constituyen los actores principales.
En el marco de una formación de calidad, la calificación supone acrecentar
las capacidades de organización, creatividad, responsabilidad y liderazgo
para participar de manera eficiente en el desarrollo del sector; así como el
manejo y conocimiento de los procesos técnicos del sector, para
desempeñarse en distintas ocupaciones durante su vida profesional.
La identificación de estas competencias, su normalización y certificación es
un proceso gradual, implica un desembolso considerable de recursos y
requiere responsabilidad solidaria de los actores sociales. El proceso no se
iniciará de cero sino considerará las experiencias y aportes orientados al
desarrollo del enfoque de competencia laboral. La adquisición de
competencias laborales permite el desarrollo de capacidades integradas y
ancladas en una visión articuladora de todas las fases de los procesos
productivos o de servicios, ya sea que la persona se incorpore al trabajo
dependiente o que organice o lidere una unidad económica. La Formación
Profesional bajo el enfoque de competencia laboral se desarrollará
paulatinamente.
Asimismo, existe la necesidad de desarrollar acciones para reconvertir
laboralmente a desempleados y subempleados, capacitar personal en la
pequeña y microempresa, atender a grupos desfavorecidos de la PEA,
mucho antes de que se culmine un Sistema Nacional de Normalización y
Certificación de Competencia Laboral. Por consiguiente, si bien el Sistema
debe apuntar hacia el desarrollo de la formación por competencias, no es
excluyente con el hecho de que se implementen, también, otros
instrumentos de formación, tales como programas “hechos a la medida”
para la realidad del país, con la consideración que el ofertante asegure su
calidad y pertinencia.
Para atender la realidad, se debe tener en cuenta la economía popular y el
desarrollo local, la práctica y la complementariedad de la formación en el
mercado laboral real; la inclusión de los medios informales; la variedad de
actividades productivas locales cotidianas y otras; asimismo, se debe
entender cómo conviven el sector moderno y el sector tradicional en la
economía y cómo esto repercute en el dinamismo de las empresas.
Finalmente, se considera que la Formación Profesional, la innovación y el
desarrollo tecnológico, deben ser analizados en forma integrada, a través
de redes de trabajo. Con la finalidad de sistematizar la información sobre
prospectiva tecnológica sectorial y requerimientos de formación, el MTPS
se une al MED, CONCYTEC y otras entidades vinculadas para investigar y
nutrirse de la información alcanzada por los diversos agentes y operadores
del Sistema que cuentan con mecanismos ad Oc. para detectar la
prospectiva tecnológica sectorial, regional y local. Por su parte, el Ministerio
de Trabajo y Promoción Social, observa la dinámica ocupacional y el
desplazamiento de la mano de obra a través del Observatorio Socio
Laboral.
Características
Las acciones de capacitación, según el T.U.O del Decreto Legislativo N° 728, Ley
de Productividad y Competitividad Laboral, tienden a:
Desempeño profesional competente e Inserción laboral
Formar personas calificadas que respondan a las necesidades de un
trabajo productivo de calidad, desarrollando capacidades para el manejo
técnico de las diversas áreas del sector, con eficiencia y responsabilidad,
incorporando aspectos actitudinales e instrumentales que permitan
“aprender a aprender” y “aprender a trabajar” a lo largo de la vida
productiva. Este desempeño competente está descrito y basado en las
Normas de Competencia Laboral.
Mayor movilidad y adaptabilidad laboral
Formar personas capaces de responder a los distintos requerimientos de
calificación que se les presente a lo largo de su vida profesional; capaces
de actualizarse permanentemente de manera autónoma, para adecuarse y
responder asertivamente a los cambios del mercado laboral.
Flexibilidad de la formación
Brindar a los distintos beneficiarios de la Formación Profesional la
posibilidad de adquirir competencias laborales organizadas en módulos
formativos, permitiendo tener opciones de empleabilidad durante su
formación y mayor facilidad de reinsertarse en el sistema formativo, si este
fuera el caso.
Incremento de la productividad
Instrumentar acciones dirigidas al desarrollo de una asociación estrecha
entre formación de la fuerza laboral y el sistema productivo, para apoyar y
facilitar la mejora de la productividad. El Estado, empresas, instituciones,
unidades presupuestadas, organizaciones políticas, sociales, proyectos y
programas de capacitación y productividad, entre otros, son los llamados a
proporcionar conocimientos teóricos y prácticos para el desempeño de un
oficio u ocupación determinados, que no sólo permita el perfeccionamiento
de las habilidades y destrezas del joven en formación sino también el
aumento de su productividad o eficiencia y al mismo tiempo la
competitividad de la empresa.
Prevención de riesgos en el trabajo
Acciones dirigidas a prevenir y reducir las incidencias de riesgos y
accidentes de trabajo.
2. Cobertura: beneficiarios y oferta de servicios de capacitación.
Entendemos la Formación Profesional como un derecho humano. A ésta deben
tener acceso todos los participantes de la fuerza laboral y debe ser concebida
como uno de los principales instrumentos de las políticas activas de empleo.
Beneficiarios
Dados los requerimientos de formación en el país, la cobertura en términos de
beneficiarios debería ser amplia, sin perjuicio de que se desarrollen mecanismos
especializados para cada tipo de beneficiario. En esta perspectiva, el sistema de
Formación Profesional debería ir cubriendo gradualmente a los desempleados, los
adultos que requieren reconversión laboral, los jóvenes y recién entrantes y otros
grupos vulnerables.
Actualmente, la formación profesional no cubre el 2 por ciento de la oferta laboral
por año. Esto significa que se necesitarían 50 años para llegar con formación al
equivalente de los 11 millones que integran la Población Económica Activa (PEA).
Pero en 50 años, la PEA se habrá casi cuadruplicado y el déficit de formación
habrá aumentado. Por consiguiente, el déficit de formación en un país, con gran
proporción de mano de obra sin calificación profesional como es el caso del Perú,
exige movilizar recursos más rápidamente que en el pasado reciente, y plantearse
como objetivo llegar anualmente a un porcentaje mucho más elevado de
formación en la PEA.
Los beneficiarios de la Formación Profesional, dependiendo de su experiencia y
expectativas, deben acceder a la formación, calificación, capacitación,
reconversión, perfeccionamiento y especialización en los distintos campos
formativos, bajo el enfoque de competencias laborales en instituciones
debidamente acreditadas.
Entre los principales grupos se encuentran:
a) Jóvenes y adultos (mujeres y varones) inactivos, desempleados y sub
empleados, trabajadores de empresas formales e informales.
b) Las mujeres, los campesinos, las minorías étnicas, los discapacitados, los
ex-reclusos. Es evidente sus necesidades de apoyo organizativo y financiero,
y la situación de pobreza de segmentos vastos de la población. Asimismo, es
importante recuperar y valorar los saberes de las culturas originarias (andina y
amazónica).
c)Los niños y adolescentes que participan en procesos de motivación,
información, observación, capacitación y sólo de vinculación con el mercado
laboral con fines pedagógicos, atendiendo a los Convenios Internacionales OIT
ratificados por el Perú.
d) Las pequeñas y microempresas que carecen de mecanismos efectivos de
capacitación y asistencia especializada para mejorar sus estándares de
productividad, calidad y competitividad.
Cabe destacar, que tanto en sectores vulnerables como con trabajadores que no
han culminado los estudios secundarios, es importante considerar activar la
educación básica y la alfabetización como condiciones de acceso a procesos de
capacitación laboral.
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social coordinará con el Ministerio de
Educación a fin de incorporar en los servicios de capacitación algunas acciones
para que los grupos antes mencionados logren adquirir las competencias básicas
que les permita un mejor aprovechamiento de la capacitación laboral.
Oferta de Capacitación
La Formación Profesional debe posibilitar la creación de empleo productivo; la
profesionalización, el perfeccionamiento, actualización, y especialización de los
trabajadores; la reinserción ocupacional de desempleados; la reconversión
ocupacional como consecuencia de reformas del sector público y de
reestructuración empresarial y quiebras; la recalificación y desarrollo de
competencias de grupos con alto grado de inadecuación ocupacional; la inserción
laboral inicial de los jóvenes; la capacitación para las PYMES y de sectores de
actividades informales y de autoempleo; la inserción laboral de grupos vulnerables
(jóvenes de bajos recursos económicos, mujeres con responsabilidades familiares,
discapacitados, ex-reclusos, entre otros).
La oferta de servicios de capacitación puede ser privada, pública o mixta, nacional
o extranjera, la que debe ser abierta pero regulada.
Son entidades oferentes de capacitación bajo modalidad de formación formal y no
formal. Se cuentan a Instituciones del Gobierno Central, Regional y Local y
Organizaciones Privadas, tanto empresariales, sindicales, religiosas y sociales,
tales como:
- Centros de Formación Profesional Técnica
- Centros de Formación Sectoriales
- Empresas
- Gremios Empresariales
- Sindicatos
- Municipios
- Iglesias
- ONGs
- Fuerzas Armadas
- Comunidades Organizadas
- Proyectos Comunitarios de Desarrollo
- Proyectos de inversión del estado y privados.
- Proyectos de generación de ingresos
- Programas especiales, públicos, privados o mixtos de
capacitación
- Programas de Asistencia Técnica de sectores, fuentes de
cooperación técnica y entidades internacionales
- Consultores de empresas privadas
- entre otros
3. Modalidades de Formación Profesional.1
Ver documento “Aprendizaje en la Empresa” que vincula el Decreto
Supremo N° 002-97-TR, Ley de Formación y Promoción laboral esbozando
una propuesta de modalidades bajo las cuales se circunscribiría la
formación profesional en el país que incluiría/modificaría las vigentes:
- Formación Laboral Juvenil.- Ofrece conocimientos teóricos y
prácticos a jóvenes que no han concluido la educación escolar,
técnica o superior a efectos de insertarlos en el mundo del trabajo en
una determinada ocupación. Los beneficiarios son jóvenes en edades
entre 16 y 25 años. Su período de duración es no mayor a 12 meses
en una misma empresa(Ley N° 27404).
1 Con la finalidad de realizar una nueva propuesta sobre las modalidades de formación y capacitación laboral,
se han realizado reuniones con representantes del sector Educación, representantes de Modelos
experimentales de educación profesional, representantes de Instituciones de Educación Superior,
Universidades, Programas con componentes de formación entre otros. La propuesta del item será incorporada
a posteriori.
- Prácticas PRE-profesionales.-Su objetivo es brindar orientación y
capacitación técnica y profesional a estudiantes y egresados de
universidades, institutos superiores así como entidades públicas o
privadas que brindan formación especializada o superior. En el caso
de egresados, su período de duración no podrá extenderse más allá
de lo exigido por el centro de estudios como requisito para obtener el
grado o título respectivo. Para el caso de jóvenes en etapa formativa,
el período de duración es ilimitado.
Las entidades sujetas al régimen laboral de la actividad privada son
competentes para celebrar convenios de formación laboral juvenil y
prácticas preprofesionales. En ambas modalidades, el empleador
realizará el pago de una subvención económica equivalente a la
remuneración mínima vital si el joven en formación cumple la jornada
habitual establecida en la empresa. En caso de ser inferior, el pago
será proporcional.
- Contrato de Aprendizaje.- Brinda formación profesional sistemática e
integral de la ocupación para la cual el aprendiz ha sido contratado y
cuya edad fluctúe entre los 14 y 24 años. La asignación mensual de
los aprendices es equivalente a la remuneración mínima vital.
Estas modalidades formativas de recursos humanos se dirigen hacia
ocupaciones prioritarias o necesarias ejes del mercado laboral y
conjugan cooperación entre la empresa (responsable del aspecto
práctico de la formación o formación profesional complementaria) y el
centro de formación (responsable de los aspectos teóricos -
tecnológicos).
4. Organización.
La formación profesional comprende dos ámbitos claramente diferenciados
pero estrechamente vinculados por el componente de Educación y Trabajo
que es indispensable en el planeamiento y proyección de cada ámbito:
1) La Formación Profesional Inicial, que está comprendida dentro del
Sistema Educativo Peruano, se otorga en Centros de Formación
Profesional autorizados por el Sector Educación o creados por ley y
vinculados a Sectores Productivos y de Servicios del Estado, o en
Universidades y las Escuelas de Post grado, regidas por Ley Propia.
2) La Formación Profesional Continua, comprende acciones formativas
cuyo objetivo es la mejora de las competencias, cualificaciones y
recalificaciones de la PEA ocupada y se realizan en coordinación con
las unidades productivas. Asimismo, está dirigida a sectores específicos
de la PEA focalizados cuya formación está totalmente vinculada a las
políticas activas y pasivas de empleo orientada a esos colectivos.
Es evidente que los agentes de la formación que ofertan sus servicios en el
primer ámbito, pueden, también, ser ofertantes en el segundo ámbito, si
están acreditados y registrados como tales.
En la actualidad, existe un número pequeño de instituciones sectoriales con
trayectoria y experiencia, otras reguladas por el MED, tales como los
Institutos Superiores Tecnológicos y los Centros de Educación
Ocupacional, junto a las cuales se han desarrollado entidades de
promoción y ejecución para grupos objetivos; y miles de instituciones
privadas que concurren en forma cuasi anárquica en la formación en
centenares de temas y especialidades.
En este sentido, el Estado debe establecer el marco regulador del mercado
de servicios de formación profesional y capacitación laboral. Asimismo,
debe fijar las reglas de juego respecto a la organización y estructura de la
oferta y demanda del mercado de servicios de formación y capacitación.
El Ministerio de Educación, regula, norma, establece las políticas y
Estrategias de formación profesional y articula los programas de
formación de los Centros de Formación Profesional autorizados por el
sector, en materia de educación técnica y tecnológica.
Los Centros de Formación Profesional creados por Ley, las
Universidades y Escuelas de Postgrado, se enmarcan en normativa
propia.
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social, fomenta el desarrollo de
la oferta y demanda de servicios de formación Professional y
Capacitación laboral, estableciendo un marco regulatorio que propicie
una estrecha vinculación de las acciones formativas ofrecidas por el
mercado con las políticas de empleo, a través de instancias
especializadas, las cuales no ejecutarían la acción directa de formación,
sino que dicha tarea sería asumida por múltiples oferentes y actores que
conforman el mercado de servicios de formación profesional y capacitación
laboral.
Por un lado, estimulando la demanda de formación profesional y
capacitación laboral por parte de las empresas, ya sea que ésta se concrete
a partir de recursos internos o mediante contratación de servicios con
organismos ejecutores. Por otro, se establecerían, financiarían y
gestionarían programas de formación profesional, capacitación y empleo
dirigidos a grupos específicos con mayor vulnerabilidad.
Los Ministerios de Educación y de Trabajo y Promoción Social establecen
mecanismos de coordinación con los demás sectores del Estado y los
actores sociales a fin de constituir y desarrollar una instancia política
multisectorial de participación tripartita, que implemente acciones tendentes
a la promoción de una oferta, diversificada y de buena calidad, de los
servicios de formación. En las instancias de carácter técnico participan las
instituciones de mayor trayectoria, los representantes de las instituciones de
menor protagonismo y los beneficiarios.
La organización del Sistema debe reconocer los criterios de flexibilidad,
articulación e integralidad en atención a nuevas y crecientes demandas y
poblaciones diversas.
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social en coordinación con los
sectores pertinentes, los gremios empresariales, las organizaciones
sindicales y los sectores vinculados constituyen el Consejo Ejecutivo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral.
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social constituye un Observatorio
Socio Laboral, como unidad responsable del monitoreo y prospección de la
demanda laboral presente y futura. Con este fin, establece una instancia de
coordinación con el Ministerio de Educación, los sectores e instituciones
proveedores de información del mercado laboral, de formación profesional,
de innovación tecnológica, y de los sectores productivos y de servicios.
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social y el Ministerio de Educación,
con la participación de sectores e instituciones establecen mecanismos e
instancias de coordinación para articular y sistematizar la oferta formativa
para ajustarla a los requerimientos de la demanda, mejorar la calidad confianza
en sí mismo, el valor de las entidades ofertantes y la pertinencia de la FP.
5. Pertinencia y calidad
La Formación Profesional debe orientarse al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población, impactando en el espacio de trabajo
sin perder de vista la globalización y los avances tecnológicos. El binomio
calidad y pertinencia coadyuvan a la mejora de la empleabilidad2 digna y a un
emprendendorismo3 exitoso.
2 EMPLEABILIDAD es la capacidad para acceder, crear y gestionar un empleo, conservarlo o transitar hacia otro sin mayor
dificultad, permitiendo a la persona garantizar su propia estabilidad dentro del mercado laboral.
3 CULTURA EMPRENDEDORA propende el desarrollo de actitudes y capacidades tales como la valoración y
reconocimiento del éxito, no sólo en uno mismo sino también en los demás, con la actitud favorable al riesgo, el
fortalecimiento de la personal del emprendimiento económico, la capacidad de ahorrar e invertir, la capacidad de aprender a
emprender, la necesidad de desarrollarse en escenarios de mediano y largo plazo. En términos estrictamente
empresariales, la noción de cultura emprendedora nos remite necesariamente a la noción de competencias empresariales
aunque no se reduce a ellas.
La oferta de formación debe articularse con las demandas del mercado, de
los sectores de punta y también atender necesidades de formación que se
derivan de las actividades económico productivas de la población urbana,
urbana marginal y rural.
La pertinencia de la capacitación se refiere a la capacidad de la formación
brindada en responder a las necesidades y requerimientos de las empresas
en forma precisa y oportuna. Se refleja en la mejora de la empleabilidad, la
permanencia en la actividad económica, mejores niveles de ingreso, de la
calidad y de las condiciones de vida en un entorno socio económico y
cultural determinado.
En una economía abierta y sujeta a shocks externos periódicos, es difícil
establecer a nivel central una identificación nítida de los requerimientos de
formación de las empresas, requerimientos que cambian en el tiempo.
Por tanto, se plantean dos mecanismos, por un lado, un sistema de
participación de representantes de empresas y trabajadores, que
identifiquen y proporcionen señales respecto a las demandas de las
empresas y su evolución; por otro, establecer como criterio que las
unidades oferentes del Sistema no tengan acceso a ofertar servicios de
capacitación licitados por el Estado, ni a financiamiento especial o a
incentivos, si no son capaces de identificar los requerimientos concretos de
las empresas para los cuales están capacitando a las personas.
La calidad de la formación se vincula tanto a la calidad del agente, del
contenido y de la infraestructura/ tecnología óptima para que esta pueda ser
adquirida. Por tanto, la oferta de servicios de formación debería ser
supervisada y certificada por una instancia técnica que, por lo menos,
asegure que los ofertantes de capacitación acrediten solvencia, eficiencia
para impartir capacitación a través de acciones, cursos o programas. Para
ello, deben contar con personería jurídica, acreditar que la capacitación o
formación profesional son parte de sus objetivos institucionales, acreditar la
infraestructura necesaria, física y humana y de equipamiento, para el
adecuado desarrollo de sus actividades, programas, cursos, etc. Deben
establecer estrategias de consulta con los demandantes para definir los
perfiles ocupacionales y de formación, empleando metodologías pertinentes
que ayuden a definir procesos productivos, niveles de responsabilidad, y
funciones y tareas que una ocupación exige. Se debe considerar también el
nivel de compromiso con el desarrollo local y regional.
Este proceso de formación profesional pertinente y de calidad exige en
nuestro país una actuación de carácter multisectorial y de
corresponsabilidad de los actores sociales.
El Ministerio de Trabajo y Promoción Social contará con la información de
entidades acreditadotas reconocidas oficialmente y debidamente
registradas, que realicen procesos de investigación continua de las
necesidades y requerimientos de la demanda respecto a criterios de calidad
en procesos y productos, que brinden a los ofertantes de servicios de
capacitación.
La información del mercado laboral es indispensable para mejorar la
pertinencia de la formación. Por ende, el MTPS realizará una coordinación
inter-institucional permanente a fin de determinar las necesidades de
información de los agentes socio-económicos. Significativa importancia
tendrán para este efecto los Centros de Colocación (CIL) como proveedores
de información del mercado de intermediación laboral.
En este sentido, el Observatorio Socio Laboral realizará:
• Seguimiento y análisis del comportamiento de la oferta de formación y la
caracterización de sus componentes, a fin de coadyuvar a elevar la calidad
de la misma.
• Seguimiento, análisis del comportamiento y prospección de la demanda
del mercado de trabajo que permita orientar las necesidades presentes y
futuras del aparato productivo.
• Evaluación permanente de la correspondencia entre las calificaciones
obtenidas y las ocupaciones desempeñadas y la vinculación del sistema
educativo a las necesidades del aparato productivo de cada región del
país, a través de un proceso metodológico válido. Para ello se realizarán
estudios periódicos sobre la demanda por tipo de calificaciones de las
empresas, basados en encuestas especiales u otros instrumentos de
recolección de información, así como, estudios periódicos sobre cuál es la
oferta por tipo de calificaciones generada por los oferentes del mercado de
capacitación. De esta forma, se puede verificar dónde y cuáles son las
causas de los mayores desajustes y proponer las correcciones necesarias
para la operatividad del sistema.
Brindará información y asesoría a los usuarios, de forma oportuna, con una
actitud proactiva. Sus fuentes primarias de información son las Encuestas
del Ministerio de Trabajo y Promoción Social: hogares, establecimientos y
especializadas en recursos humanos. Información proveniente del MED,
INEI, MITINCI y otras fuentes
El proceso de Normalización y Certificación Laboral será monitoreado por el
Consejo Ejecutivo de composición tripartita. El diseño del Sistema incorpora
instancias de evaluación de la calidad del proceso.
6. Financiamiento4
Se pretende la participación institucional sostenible a largo plazo, que
asegure el financiamiento tanto de la formación profesional y capacitación,
como de la incorporación a la vida productiva, la generación y desarrollo de
emprendimientos, y otros vinculados a la población más vulnerable.
Deberían explorarse diversas formulas, adecuadas a los diversos ámbitos
de la formación, respetando las existentes en la actualidad. Entre las
mismas, sería útil analizar:
Trabajadores
• Contribuciones simbólicas para financiar la investigación continua sobre
la oferta y demanda laboral a fin de facilitar la actualización, asesoría,
certificación, etc. de programas técnicos que permitan mejorar el
desempeño laboral.
• Contribuciones (acción tripartita) transitorias de los trabajadores,
• Fondos Individuales de Capitalización para la Formación
• Programas de contraprestación sectorial: estudiantes o trabajadores que
pueden trabajar a cambio de rebajas en los costos de formación.
Empleadores
• Contar con un presupuesto para la capacitación en relación al monto de
la planilla. La inversión ejecutada debiera ser auditada por un centro
oficial de formación.
• Contribución directa a través de pagos de acuerdo al número de
personal de la empresa.
• Contribución indirecta a través de deducciones tributarias, por ejemplo
1% del IES.
• Apoyo de las organizaciones de empleadores con recursos para la
formación gerencial, de gestión y técnica, en la pequeña y
microempresa.
• Contribuciones (acción tripartita) transitorias de los empleadores
• Aporte de empleadores para la formación, evaluación y certificación de
trabajadores. Su inversión debe ser aliciente para la deducción tributaria.
• Multas impuestas a empleadores por incumplimiento de normas
laborales.
Gobierno
• La inversión en formación por parte de las empresas debe ser deducible
de determinados impuestos y/o generar ciertos beneficios tributarios.
• Gestión de cooperación internacional dirigida al financiamiento de la
formación de docentes calificados, asesoría en las metodologías de
enseñanza para el trabajo, elaboración de normas, etc.
4 Item en preparación
• Financiar la formación de personal calificado en zonas rurales y de bajos
recursos.
• Participación institucional sostenible a largo plazo dirigida a asegurar el
financiamiento de la capacitación técnica, la incorporación a la vida
productiva, la generación y desarrollo de emprendimientos, créditos y
otros, especialmente de la población vulnerable.
• Incentivos fiscales para la formación en la empresa.
• Contribuciones (acción tripartita) transitorias del Gobierno, dirigidas a
sector estratégicos determinado según las prioridades señaladas en el
plan de inversión y de desarrollo nacional, regional y local;
• Subsidios estatales a la demanda de formación, decrecientes en el
tiempo, para empresas pequeñas, que cubran una parte de la compra de
los servicios.
• Creación de un Fondo de Formación y Empleo, con aportes diversos, al
cual tendrían derecho a postular las empresas y los trabajadores que
cumplan los requisitos del caso. O desarrollo y consolidación de un
Fondo de Formación y Empleo sobre la base del existente, que se nutra
no sólo de los excedentes de las utilidades de las empresas sino con
aportes diversos, de tal manera que a la modalidad de fondos
concursables se sume otra modalidad a la cual tendrían derecho a
postular las empresas y los trabajadores que llenen los requisitos del
caso;
• Beneficios de puntuación en las Licitaciones Públicas a las empresas
que cuentan con jóvenes aprendices o que tengan centros de formación
en las empresas orientados preferentemente a la capacitación de
técnicos y operarios.
• Reconversión de deuda externa por inversión social (capacitación),
operación que obliga al Estado a garantizar oportunamente los
correspondientes de fondos de contrapartida nacional.
• Acceso a donaciones para promoción de la FP dentro de las
negociaciones sobre cooperación financiera y técnica con los gobiernos
de USA, Japón y la Unión Europea, entre otros.
• Concurso de programas y proyectos a Fondos Contravalor
• Contribuciones del Estado a través de asignaciones presupuestales de
los sectores e instituciones.
• Programas de subvención parcial estatal (Inabec) y de cooperación
internacional (tipo Pro joven) para jóvenes egresados con talento
vocacional en determinado sector.
• Rentas provenientes de los bienes muebles o inmuebles estatales.
• Fondos que ingresen por el cobro de servicios prestados a las empresas
para adiestramiento de su personal.
Ofertantes de capacitación
• Venta de los servicios de formación;
Otros
• Contribuciones y donaciones voluntarias de personas naturales y
Jurídicas nacionales e internacionales.
7. Formación en la Micro, Pequeña, Mediana y Gran empresa
La formación profesional continua se desarrolla en el proceso de interacción
empresa – trabajador. Esta puede vincularse con la capacitación,
actualización, perfeccionamiento de los trabajadores, Asimismo, en el
proceso de capacitación de los empresarios, preferencialmente de las
PYMES.
7.1. Formación en la Pequeña y Micro Empresa
Dada la importancia de la pequeña y microempresa para la generación de
empleo, y el significativo retraso en términos de productividad y la limitada
inversión en tecnología que se verifica en el Perú en este segmento, es
particularmente importante generar un instrumento de acción especializado
de formación para el mismo, con énfasis en formación en gestión y
capacidades instrumentales y técnicas.
Al contar con un Sistema estandarizado con Normas nacionales, toda
formación orientada al empleo considerará los estándares que
corresponden a ocupaciones en estas empresas. Los estándares no
discriminan el tamaño de empresa; al contrario, considera todas sus
variedades en el proceso. Se podrá realizar la homologación de la
formación en la empresa de acuerdo al estándar con que cuente según
nivel de competencia laboral.
7.1. Formación en la Mediana y Gran Empresa
Por su importancia para el Perú, es relevante acentuar la necesidad de
establecer instrumentos aptos para la promoción de la formación en la
empresa.
Cuando la demanda laboral no encuentra correspondencia con la
calificación habitual de los trabajadores se da el punto de quiebre que
diferencia a empresas tradicionales, de las pioneras o innovadoras, de las
empresas que desean mantener el liderazgo o continuar la carrera respecto
a competitividad y calidad, éstas asumen el reto de formar a sus propios
cuadros de trabajadores según las nuevas exigencias del entorno.
Se deben establecer criterios para dar validez oficial, bajo el respaldo de
una instancia pertinente, a la capacitación impartida en la empresa, ya sea
mediante talleres/seminarios recibidos, como de manera especial a los
programas integrados. Posteriormente, se establecerán los criterios para la
certificación laboral de los trabajadores.
Incentivar dentro de los talleres y programas temas de formación no sólo
vinculadas a competencias específicas que los trabajadores deban adquirir
sino competencias socio-relacionales para lograr y mantener la
empleabilidad de los trabajadores y familia dentro y fuera de la empresa.
Al contar con un Sistema estandarizado, con Normas Nacionales, se podrá
realizar la homologación de la formación en la empresa de acuerdo al
estándar con que cuente (nivel de competencia laboral) e incluso se le
podrá reconocer un grado de formación (básico, técnico, profesional técnico
o el que le corresponda).
Se contará con un registro de empresas que brinden formación a sus
empleados, sea de manera independiente o corporativa.
8. Políticas para expandir la calidad y cobertura de la Oferta de
Formación
Uno de los aspectos más importantes de una política de formación, es que
además de organizar y estructurar un mercado de servicios con énfasis en
la pertinencia y calidad de los mismos, debe contribuir a promover la
expansión de la oferta de los servicios de buena calidad. Por lo tanto, desde
el inicio mismo, debe acentuarse todo lo relativo a la promoción y expansión
de mejores unidades de formación de las existentes. Sólo a través de los
cambios en la oferta es que se puede lograr un proceso constante de
adaptación a una demanda cambiante, como lo son los requerimientos de
formación de las empresas.
En este sentido se considera el desarrollo de:
• Sistema de Acreditación de los Servicios de Formación y Capacitación
• Sistema de Información de los Servicios de Formación y Capacitación
según calificación de la acreditación.
• Consejos Asesores sectoriales que orienten la expansión de la cobertura
de la normalización, certificación y formación de acuerdo a clusters,
cadenas productivas y demanda de cada región.
Así mismo se debe promover y posibilitar mecanismos de integración entre
los centros de formación y otras ofertas de modo que se facilite la fluidez en
el sistema educativo. Así como, establecer estrategias de consulta con los
agentes demandantes para definir los perfiles ocupacionales y los perfiles
de formación, empleando metodologías para el análisis ocupacional,
desarrollando:
• Redes especializadas o sectoriales de los Servicios de Formación y
Capacitación que permita el intercambio, integración de actividades y el
mejoramiento continuo. Red de centros acreditados. Se determinarán
los núcleos de redes a partir de Centros de Formación o Servicios de
Capacitación Modelo.
• Red de Observatorios vinculados al Observatorio Socio Laboral
• Red de Centros de Orientación Laboral (Orientación Vocacional,
Ocupacional e Información Laboral)
• Red de centros acreditadores de los servicios de capacitación
• Red de centros evaluadores y certificadores de la competencia laboral
La oferta de formación y certificación debe actualizarse de manera
permanente, garantizando así programas activos, que respondan a la
demanda y necesidades locales y del país.
La oferta de los servicios de formación y capacitación laboral debe
articularse a los sistemas de intermediación laboral.
ANEXO
DIAGNOSTICO
• La Formación Profesional está regida por normas poco actualizadas,
dispersas e imprecisas que requieren ser modificadas sustancialmente.
• La mayoría de los trabajadores no ha completado la educación escolar
(43%) lo cual tiene efectos negativos sobre sus posibilidades de formación
profesional y su inserción adecuada en el mercado de trabajo.
• La realidad, expresada en la oferta de formación profesional, ha
desbordado la legislación vigente, por necesidades del mercado de trabajo
y, principalmente, porque el crecimiento enorme de la demanda social de
formación ha incentivado una oferta abundante pero desarticulada entre sí y
que mayoritariamente es de baja calidad. Esta formación no responde a la
demanda laboral de los sectores productivos y de servicios ni a las
expectativas de empleo de los educandos, está predominantemente
orientada al empleo dependiente y desarticulada del conjunto de la
educación, no distingue adecuadamente entre los diversos niveles de
formación profesional.
o Uno de cada cuatro ocupados se encuentra en situación de
inadecuación ocupacional por subutilización de las calificaciones
(Indicador del grado de adecuación ocupacional).
o El grado de inadecuación difiere entre los distintos niveles
educativos.
o Las carreras técnicas presentan los niveles más altos de
subutilización ocupacional, que se puede originar por: (i) la falta de
correspondencia entre la formación técnica y las características de la
estructura productiva del país; (ii) la heterogeneidad en la calidad de
la educación. El problema se agudiza por la recesión económica y
la falta de propuestas que promuevan auto emprendimientos
o La subutilización de los trabajadores con educación universitaria se
ha incrementado en la última década llegando a niveles porcentuales
cercanos a los de nivel superior no universitario.
o Existe una fuerte presencia de cursos de capacitación orientados a
cubrir los vacíos y deficiencias en el sistema educativo - técnico o a
brindar herramientas que promueven una mayor competencia entre
las personas para la obtención de un puesto de trabajo.
o Estos cursos están directamente relacionados con la adecuación
ocupacional, porque incrementan las posibilidades de mejorar la
correspondencia entre la profesión u oficio aprendido y la ocupación
desempeñada. El curso de capacitación es más efectivo en los
niveles educativos más altos.
o La subutilización ocupacional agrava el problema de subempleo (tres
de cada cinco ocupados se encuentran en situación de subempleo).
• La PEA tiene difícil acceso a la información del mercado laboral y de los
mercados vinculados a la formación e innovación tecnológica.
• Hay ausencia de programas que miren las necesidades de "las mayorías"
de la población; no hay ofertas educativas variadas que signifiquen vías
eficaces para el mejoramiento de las condiciones de vida.
• Los programas en marcha no tienen efectividad para contribuir al
mejoramiento de los niveles de vida de la población. El énfasis se ha
centrado en las implicancias pedagógicas en detrimento de lo técnico
productivo, dejando poco espacio para las demandas que se derivan del
trabajo, de la producción, de la participación política y de la superación de
la marginación e inequidad social.
• Si bien, se desarrollan en el país programas innovadores de Formación
Profesional, con enfoques claros, vinculando la oferta con la demanda, las
brechas entre formación y trabajo continúan y en muchas zonas y para
segmentos grandes de la población se ha agravado.
• Las diversas ofertas de formación para el trabajo tienden a reproducir
diferencias sociales y educativas: programas urbanos, urbano marginales,
rurales, con distintos requisitos de acceso y sin requisitos de certificación,
públicos o privados sin mayor control de calidad.
• La sociedad prefiere generalmente la formación universitaria y no valora las
profesiones no universitarias. Las empresas y el Estado exigen, a veces,
títulos universitarios en puestos que podrían ser eficientemente
desempeñados por otros profesionales. Se otorga una importancia marginal
al tema de la Formación Profesional en el escenario público y privado.
• Sin embargo, la iniciativa privada o concertada con el Estado ha creado
algunas instituciones y redes de formación profesional que brindan una
oferta formativa funcional a los requerimientos de la empleabilidad y del
mercado laboral.
• El Estado, a través de diversos Ministerios, ha desarrollado, directamente o
en cooperación con diferentes agencias de cooperación internacional,
programas y proyectos. Estos están relacionados, entre otras cosas, con la
creación de observatorios de oferta/demanda, un sistema de información e
inserción laboral, la creación o el mejoramiento de centros estratégicos de
formación profesional, la instalación de centros de innovación tecnológica,
la elaboración de un catálogo de títulos y certificaciones y de nuevas
programaciones para organizar y mejorar la oferta educativa, la creación de
instancias de coordinación educación/empleo/empresa, así como la
constitución de espacios de concertación para promover el encuentro
Educación/empleo/empresa.
• Se ha iniciado el proceso de diálogo social, fundamental para fortalecer el
proceso de democratización del Perú, a través de la consolidación de los
actores sociales como protagonistas en la elaboración de las estrategias de
La política social y económica que deben ser adoptadas por el Gobierno.
El Ministerio de Trabajo Promoción Social viene asumiendo un nuevo rol
cumpliendo una función articuladora de los diversos intereses y propuestas
de los actores sociales y agentes vinculados a la formación profesional,
dentro de los lineamientos de sus políticas activas de empleo.
